La Post-Caducidad. ¿Y ahora qué, Uruguay?

Por Antonio Álvarez, especial para Deliberately Considered (*)

Gerardo Bleier es un periodista destacado desde los años 80. Durante el primer gobierno del Frente Amplio, a cuyo frente estuvo el socialista Tabaré Vázquez (2005-2010), ocupó cargos de asesor al más alto nivel y con el más bajo perfil.
No es cualquier militante de izquierda. Eduardo Bleier, su padre, fue un cuadro importante dentro del Partido Comunista, cuando el comunismo uruguayo era dirigido por Rodney Arismendi, una de las máximas figuras mundiales del régimen instalado en la Unión Soviética
El apellido Bleier es una bandera de las organizaciones de derechos humanos. Sin haber levantado un arma, Eduardo fue uno de los tantos activistas políticos asesinado y desaparecido durante la llamada “guerra sucia” de los años 60 y 70.
Hace pocas semanas, Bleier hijo publicó en su Facebook –y supongo que en su blog http://columnayensayo.blogspot.com/2011/06/el-uruguay-despues-de-la-impunidad-de.html), uno de los tantos artículos que desacomoda a izquierdistas uruguayos aferrados a las banderas históricas.
Cada semana publica reflexiones sobre las distintas encrucijadas que va encontrando la coalición gobernante Frente Amplio en el ejercicio del poder, después de 40 años de estar en la oposición, luego en la clandestinidad y de nuevo en la oposición.
Bleier cuenta que Uruguay está en camino de recibir 15.000 millones de dólares en inversiones, básicamente de sectores tan disímiles como celulosa, minería, agronegocios y logística. Para él, se vive una coyuntura única y trascendental: la santísima trinidad -el país, la nación, el Estado- debe elegir dónde poner su energía administrativa y política.
Como tantos países latinoamericanos Uruguay está en un fuerte proceso de revisionismo histórico, pero al mismo tiempo registra uno de los mayores crecimientos económicos de la modernidad. La economía se incrementó a tasas asiáticas (8% en 2010) y aunque se prevé una desaceleración en 2011, el PIB seguirá siendo alto al menos en los próximos cuatro años.
Entre el revisionismo histórico y las oportunidades macroeconómicas, si hay que elegir, las cosas están bien claras para Gerardo.
Escribe Bleier: “Resulta obvio señalar que esto no implica dejar de tejer, de construir la memoria histórica de lo sucedido durante la aplicación del terrorismo de Estado, no significa dejar de poner en evidencia la magnitud que tuvo pese al esfuerzo de algunos actores por encubrir el horror la sistemática violación de los derechos humanos durante la dictadura, no significa dejar de buscar caminos para acceder a la verdad que falta, no significa terminar el proceso de desmantelamiento de la política del silencio y protección de criminales, pero no puede el tema seguir ocupando la centralidad de la agenda política uruguaya, y eso es lo que esencialmente dice, de muchas maneras, la sociedad uruguaya”
Es cierto: Uruguay tiene problemas para solucionar el pasado reciente, pero no puede descuidar asuntos que van a generar en el futuro cercano una enorme reproducción de la pobreza, y una dramática caída de la calidad institucional.
Después de ser durante 70 años un país de vanguardia en materia educativa, Uruguay vive una grotesca pauperización de su sistema educativo. El proceso de decadencia coincide casualmente con el desplome de la economía y el posterior proceso de polarización política que terminó en 12 años de totalitarismo.
Un informe del Banco Mundial sobre igualdad de oportunidades expone un contraste revelador, En un ranking de países, Uruguay ocupa un puesto de privilegio entre el 30 por ciento más bajo del mundo, un desempeño que no está acorde a su nivel de ingreso relativo y nivel de desarrollo social general.
Según el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (Pisa, por sus siglas en inglés), más del 40 por ciento de los estudiantes uruguayos está por debajo del nivel de aprendizajes que les permitiría tener mínimas oportunidades en la vida. De un total de 64 países evaluados, Uruguay quedó en el puesto 47.
Otro dato que hace tener por el futuro uruguayo: el 75% de sus 9.000 reclusos uruguayos tiene menos de 30 años, en un país donde los jóvenes representan menos de la quinta parte de la población, y constituyen el sector etario más afectado por la desocupación y la pobreza desde hace más de 20 años.
En la misma sintonía, Bleier escribió: “(…) también es cierto que la mayoría abrumadora de la sociedad uruguaya, de los jóvenes uruguayos, necesitan un estado de ánimo colectivo que no esté marcado por las traumas del pasado, sino por los desafíos del porvenir”.
Su texto generó airadas defensas en contra y a favor. Sus lectores son, en su mayoría, intelectuales y luchadores sociales de larga trayectoria.
El planteo surgió justo cuando el gobierno de José Mujica –un ex integrante del movimiento guerrillero Tupamaros- acababa de perder una batalla fundamental: por el voto en contra de uno de sus legisladores se frustró la aprobación de la norma interpretativa de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
Esta ley aprobada en 1985, recién reinstaurada la democracia uruguaya, permitió al país una salida pacífica y la entrega del poder por parte de la dictadura militar que gobernaba desde el Golpe de Estado de 1973.
En lo básico fue una extorsión del poder castrense para que sus integrantes no fueran juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos en el comienzo de la lucha contra la guerrilla (1968) y el posterior desarrollo del llamado Proceso Cívico-Militar.
El artículo 4 de la Ley de Caducidad abrió una ventana para la investigación, más para la verdad que para la justicia. Tabaré Vázquez, el antecesor de Mujica, usó esa cláusula para reabrir algunos casos que de otro modo hubieran ingresado en la lista de crímenes impunes. Como consecuencia de esas investigaciones 28 policías, militares y civiles al servicio de la dictadura están presos en una Unidad Militar en las afueras de Montevideo. Entre ellos hay funcionarios de segundo rango, integrantes de la Inteligencia militar de la época, algunos policías, el ex canciller Juan Carlos Blanco, y dos ex presidentes, Juan María Bordaberry (en prisión domiciliaria) y el Teniente General Gregorio Álvarez.
Por supuesto, estos reclusos no fueron los únicos responsables de torturas, asesinatos y desapariciones forzadas. El foro militar Libertad & Concordia- -que reivindica a los condenados como “presos políticos”- sostiene que si Mujica decidiera abrir por vía administrativa los 88 casos que abarcan la Ley de Caducidad más de 400 oficiales y soldados deberán pasar por los juzgados penales uruguayos en carácter de testigos e indagados. Varias decenas de ellos podrían terminar presos, según me dice el Coronel (retirado) Juan Pérez de Azziz, vocero de la organización.
Si el presidente decidiera abrir por su cuenta esta instancia, a pesar del fracaso parlamentario, se generaría así una industria de demandas y la sociedad uruguaya ingresaría en un pertinaz e inevitable proceso de judicialización que llevará años de confrontación y conflictos sociales.
Por si fuera poco, la ciudadanía ya se pronunció sobre la Caducidad. La derogación de la ley fue desestimada por dos plebiscitos, uno en 1989 y otro en 2010, en esta última ocasión durante las elecciones que llevaron al poder a Mujica.
La iniciativa perdió por dos puntos porcentuales, pero a nadie se le escapó que el nuevo presidente constitucional –un personaje central del pasado reciente- no habló casi nunca del tema durante su campaña política.
Y más todavía: se mostró partidario de liberar a esos “viejos”. Mujica, un hombre de 75 años, asiste con piedad al desfile de sus antiguos enemigos, tan descangallados como él, rumbo a los juzgados y camino hacia una verdad improbable.
En todo caso el presidente ha dicho que este ejercicio de memoria colectiva se conseguirá “cuando muramos todos” , en alusión a los 5.000 guerrilleros y 20.000 integrantes de las Fuerzas Conjuntas, protagonistas de aquellos hechos trágicos.
Desde su lugar de ciudadano común, Bleier piensa lo mismo que Mujica. Uruguay tiene urgencias impostergables como, por ejemplo, establecer un “modelo de desarrollo sostenible” atento a “la economía global y regional”.
Nadie puede dudar que Gerardo quiera más que nadie la verdad sobre lo que pasó con su padre. De hecho dejó estampado lo poco que pudo saber sobre su destino
Luego de ser torturado salvajemente, Eduardo Bleier fue enterrado vivo y arrojado a una especie de cuneta cubierta por tablones.
Probablemente –nadie tiene plena certeza de ello- murió en la primera semana de julio de 1976. Su cuerpo jamás fue entregado a su familia.
Se cree que fue enterrado en un cementerio clandestino ubicado en el Batallón 13 de Infantería. Pero en algún momento entre octubre de 1984 y marzo de 1985, cuando estaba a punto de restablecerse la democracia, Eduardo Bleier fue desenterrado y trasladado a otro predio militar, el Batallón 14.
En lo que se denominó “Operación Zanahoria” poco después lo volvieron a desenterrar junto a los cadáveres de otros militantes. Los encargados de la tarea, incineraron sus restos y los tiraron al Río de la Plata según algunas versiones, en un arroyo cercano, según otras.
Muchos años después, Gerardo sabe que los responsables de la muerte de su padre no son exclusivamente ese grupúsculo de enajenados militares ultranacionalistas que vivían en guerra fría. Hubo responsabilidades políticas y grupos de interés económico que alentaron el horror, y que constituirán tomos y tomos de páginas en blanco de la historia.
El gobierno de los Estados Unidos fue uno de los principales facilitadores de aquella crisis, al financiar desde 1968 un Programa de Seguridad Pública (PSP) que proporcionó entrenamiento anti-insurgente supervisado por la CIA. En diciembre de 1973, el Senado estadounidense levantó la asistencia financiera a partir de una investigación del demócrata James Abourezk.
Muchas cosas han caducado desde entonces. Bleier, el sobreviviente, sabe por experiencia propia que el día que pasa es la verdad que huye. Y que no habrá verdad si no hay justicia. Y que no habrá justicia si no hay futuro. Y que no hay futuro ni verdad histórica si no se atiende lo urgente y lo importante ahora, ya mismo.

Mujica, los agroimpuestos y cómo contar lo ganado

Facturan 4.500 millones de dólares al año y pagan en impuestos 228 millones de dólares, según un estudio de proyección de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria. Aritméticamente, los productores rurales pagan poco más de 5% de impuestos sobre el total de lo que lo exportan. Dicho así parece poco dinero, pero el tema es bastante más complejo.

El gobierno pretende cobrar 60 millones de dólares -un 25% adicional- por la vía del futuro tributo a la tierra a las empresas agropecuarias con más de 2.000 hectáreas.

Cuando el tema salió en el semanario Búsqueda, el economista Gabriel Frugoni -un ascendente técnico dentro del staff presidencial- reconoció que el impuesto sería volcado a infraestructura vial y logística, que se encuentra bajo fuerte presión por el mismo crecimiento de la actividad económica de los últimos seis años.

Luego el propio presidente reconoció que detrás de la iniciativa está la necesidad de redistribuir la riqueza. En Uruguay, el 20% de la población con mayores ingresos se queda con el 47% de la riqueza generada y el 20% más pobre sólo con el 5,5%. En el campo esta situación se extrema aún más.

Para colaborar con la confusión general, las ideas del gobierno siguieron saliendo sin filtro a la opinión pública.

El ministro Aguerre comentó que el problema podría solucionarse sin recurrir a los impuestos. Habló de utilizar el instrumento de la asociación público-privada que está a estudio el Parlamento.

Unos días después el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, confirmó que este instrumento posibilitaría contar con un fondo de 1.100 millones de dólares -600 de privados, 500 del Estado- para alcanzar el objetivo de mejorar puentes y carreteras.

Pero el ministro de Economía Fernando Lorenzo también arriesgó otra posible forma de recaudación fiscal: levantar las exenciones a los impuestos de Primaria y Patrimonio para los productores rurales.

Cualquiera sea la solución, el rumbo está sumido en el caos comunicacional del oficialismo.

Por lejos, la asociación público-privada es la más revolucionaria de las ideas en danza. Propone una nueva forma de relacionar a la producción con el fisco, ya que en este escenario los productores deberán correr sus propios riesgos y serían participantes activos del cuidado de la infraestructura que se pretende reparar. Además es una sociedad de largo plazo, a 25 o 30 años.

La no-estrategia «mujiquista» igual parece haber logrado su objetivo: los productores dan señales de querer sentarse a negociar «algo» con tal de no seguir escuchando ideas al tun tun.

Tocarle el bolsillo a la actividad agropecuaria siempre es un asunto complejo: es un lobby poderoso y ha sido motor del crecimiento «asiático» de los últimos años.

Si bien en 2010 los agronegocios se incrementaron por debajo del PBI (1.8% sobre un total 8,3%) siguieron siendo protagonistas por el efecto «inércico» que se arrastra desde hace siete años en el precio de las materias primas.

Hoy el campo representa siete de cada diez dólares de las exportaciones nacionales.

Los impuestos para los productores vienen dando saltos notables año a año, pero aún están lejos de reflejar los buenos dividendos del sector. En 2009, los productores habían pagado al fisco 183 millones en impuestos. No obstante, la presión fiscal se mantuvo incambiada por el incremento del Producto Bruto Interno en dólares corrientes.

YA SE COBRAN IMPUESTOS A LA TIERRA

La pregunta que todos hacen en el gobierno es si el agro paga impuestos de acuerdo a su facturación, a su peso en la economía nacional y al uso que hace de la infraestructura del país. Para fundamentar el nuevo impuesto a los tenedores de más de 2.000 hectáreas de tierra, Mujica manejó una cifra: 4 dólares por hectárea por año.

Esa cifra corresponde en realidad a la contribución rural, un impuesto que cobran las intendencias para atender el acuciante nivel de la caminería rural en Uruguay.

Se trata de un tributo que sigue la lógica del nuevo impuesto con un valor agregado. Es un cociente entre las héctareas que posee el productor sobre un índice llamado CONEAT que se establece a partir de variables como la productividad del suelo, la cercanía a rutas y centros poblados, etcétera.

Sin perjuicio de esto, la actividad agropecuaria paga algunos impuestos más, según explica Diego Sotelo, coordinador de Fucrea.

Sotelo alude a una constelación de pequeños y grandes impuestos de cobro nacional y municipal según el caso.

En el año 2010 pagaron 20,2 millones de dólares por aportes patronales al BPS, 63,1 millones de Contribución Inmobiliaria y 6.5 millones de patrimonio. Se trata de un conjunto de tributos que ya gravan la tenencia de tierra.

Por concepto de IRA/IRAE pagaron 20.7 millones y 64.2 de IMEBA

IMEBA e IRAE son técnicamente impuestos a la renta porque apuntan a las ganancias del productor. IMEBA se aplica a pequeños productores y representa el 1.5% de las ventas del establecimiento.

Cuando se factura por encima de un ficto estipulado por el gobierno, el productor paga IRAE, que establece el pago de 25% de las ganancias netas.

También un productor agropecuario paga un impuesto llamado INIA-Mevir equivalente al 4 por mil de sus ventas. Incluso los ganaderos también pagan 1% a las intendencias por movimiento de ganado.

Si se es arrendatario hay que pagar además un 18% de impuestos del valor de la renta.

TENTACIONES DIRIGISTAS

El lunes último, Fucrea y el estudio CPA Ferrere presentaron un estudio sobre «Situación económica y desafíos para el Gobierno – El caso del agro desde una perspectiva de política económica global».

En el encuentro expusieron los economistas Gabriel Oddone y Alfonso Capurro, quienes plantearon la necesidad de evitar «tentaciones dirigistas».

¿En qué consisten las políticas dirigistas? Sotelo apunta el ejemplo del nuevo impuesto que impulsa el presidente. «Hasta ahora primaba la lógica Astori en materia de impuestos, es decir se pagaba en relación a lo que se produce y se vende. Esto es distinto: esto es pedirle a los productores algo más, pero sin base lógica».

El presidente insistió que el dinero será utilizado primero en puentes y caminería, pero luego reconoció que hay otros sectores que necesitan del dinero del campo. Citó a las Asignaciones Familiares, en beneficio directo de las familias rurales, como forma de contener o desacelerar el éxodo hacia las ciudades que comenzó hace más de 50 años.

Horas después, Mujica habló en Cerro Largo del impuesto respondiendo a los productores que pidieron «no matar a la gallina de los huevos de oro». Quien había usado esa expresión fue Oscar Costa, el CEO de Union Agriculture Group (UAG), una empresa que en dos años invirtió 400 millones de dólares en tierra e infraestructura de agronegocios diversificados, desde ganadería intensiva a los olivos. El dinero es provisto por fondos de inversión europeos y la empresa se encuentra en trámite para cotizar en la bolsa.

La advertencia del presidente fue, sobre todo, para los inversores extranjeros que ya conocen la experiencia bolivariana de Chávez: «En Uruguay no expropiamos tierra; la compramos para que no haya terremoto social. ¿De dónde vamos a sacar la plata? Le pedimos a los que tienen más, que den un poco de lo que tienen, para poder tener una política de tierras. En Uruguay la reforma agraria se llama Instituto Nacional de Colonización (INC)».

Ante decenas de pequeños productores, que inauguraban dos cooperativas agrarias con tierras de INC, el mandatario arrancó aplausos de los presentes cuando mencionó su voluntad de seguir adelante con el nuevo impuesto.

«Este país seguirá siendo por décadas un país agroexportador. Hay que pensar en el futuro. Las personas que quieren producir aquí saben que tienen que aportar para que el país no se venga abajo», dijo el presidente.

Los datos oficiales le dicen al gobierno que sin comunicación no hay desarrollo. Cansado del debate espiritual que trajo la Caducidad, Mujica sacó a relucir -en su estilo desprolijo- la necesidad de reflotar el tren como alternativa para transporte de mercaderías.

Un 27% de las rutas nacionales se encuentra en un estado “malo y muy malo”, de acuerdo a un informe de «Estado de confort» presentado al Parlamento en octubre de 2010 por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

La propuesta tributaria de Mujica es una guiñada a los sectores más izquierdistas de la coalición que, representados por el senador comunista Eduardo Lorier, salieron heridos de la anulación de la Caducidad.

Estos sectores habían solicitado un nuevo impuesto agropecuario para compensar las extraordinarias ganancias de los productores en los últimos años. En febrero de 2011, Mujica no estaba tan dispuesto a agitar el veloz corporativismo de los productores.

Cuando se le preguntó por aumento de tributos, en aquel entonces calificó de bolazos la eventualidad de un cambio de reglas para los productores.

Sin embargo, tres meses después el presidente se hizo cargo de la idea, e incluso la tiró a la opinión pública sin consultar al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, quien reconoció no estar al tanto del proyecto y amenazó con renunciar.

Según Aguerre, el «tema no está laudado», pero toda la plana mayor del equipo económico se cuadró detrás del presidente, empezando por el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, a quien se señalaba al principio como resistente a agregar más reformas a la ya polémica reforma tributaria.

El trasfondo del reclamo presidencial es que la tierra en Uruguay está en manos de grandes empresas extranjeras. El semanario Búsqueda mencionó que al menos 15 empresas explotan 1.4 millones de hectáreas, equivalente a tres departamentos del sur del país. En Uruguay hay más de 14 millones de hectáreas suceptibles de ser explotadas por el sector agropecuario.

Entre las empresas en posición dominante están Botnia, Montes del Plata (forestación, pasta de celulosa), Agronegocios del Plata y El Tejar (agricultura), Bulgheroni (lechería, energía), etcétera, todas compañías de origen extranjero que llegaron a Uruguay de la mano de amplios beneficios impositivos disponibles en el país desde hace más de dos décadas.

¿De qué otra manera Uruguay podría atraer la gran inversión internacional frente a la mayor riqueza del suelo argentino, o la variedad de climas o el prometedor mercado interno y externo que ofrece Brasil?

La tierra en Uruguay es escasa y no siempre productiva. Aún así ha tenido el mayor auge de su historia. En la última década hubo operaciones por 6.3 millones de hectáreas. Según el Instituto Nacional de Colonización, el precio promedio por hectárea se situó en el eje de 3.900 dólares. En 2010 hubo 136 operaciones de compra venta que movilizaron 693 millones de dólares.

El territorio considerado premium en Uruguay (ubicado en Soriano, Colonia) subió sus precios entre tres y cinco veces en los últimos años, pero este incremento no es acompañado en todo el país. Sólo en el último año el valor de la tierra subió 10%, es decir por encima de la inflación.

Un campo de alta productividad en el litoral sur de Uruguay cuesta 10.000 dólares la hectárea, mientras que la héctarea en noreste del país no alcanza los 3.000 dólares.

Sotelo, vocero de Fucrea -una cooperativa agraria especialista en innovacion tecnólogica y agroeconomía-, admite que este es uno de los costados más vulnerables del planteo de Mujica. «No se le puede pedir lo mismo al cultivador de Soriano que tiene una tierra altamente productiva que al ganadero que tiene tierras en el basalto. Son distintas productividades», asegura.

También señala que es difícil medir los activos del sector agropecuario como para aplicar impuestos directos. «Conozco productores de menos de 300 hectáreas que, de repente, tiene más de 3 millones de dólares en maquinaria. Pero eso no significa que sean ricos», explicó.

Las proyecciones de OPYPA para 2011 señalan un crecimiento de 4.7%, que no será integral y en iguales términos.

El analista en temas agropecuarios Eduardo Blasina, asegura que habrá suertes dispares. Una cosa será el alza de los precios internacionales de arroz, sorgo y soja. Otra cosa es el comportamiento a la baja que se espera en otros cultivos como grirasol, cebada, trigo y maíz. La faena de ganado no saldrá del estancamiento de los últimos años: se prevé menos de 2 millones de cabezas de faena y una población estable de 11 millones de animales.

Las señales del mercado internacional no concuerdan con el optimismo del presidente uruguayo.

Con bajo perfil, el frigorífico Breeder and Packers despidió a 67 de sus 300 trabajadores. Sus propietarios esgrimieron cambios de los mercados internacionales.

El anuncio de más de 150 millones de dólares de inversión y una capacidad de 2.000 cabezas de ganado, quedan ahora sumidas en un enorme signo de interrogación.

Se trata de un golpe duro por tratarse de una inversión símbolo de la nueva economía local. Es el primer frigorífico que se construyó desde cero en Uruguay en más de medio siglo.

Sin dudas es una dolorosa amenaza. B and P salió de la mesa de póker sin siquiera haber inaugurado su tecnología de vanguardia, con enfoque «ecologista», una planta diseñada para el ABC1 de la carne mundial.

La música funcional acompaña a las vacas en su destino de carne premium, libre de nervios, para las góndolas y restoranes más selectos del mundo.

A los productores rurales, siempre alertas al mangazo del Estado, la apelación a la solidaridad de Mujica se parece bastante a esta banda sonora de matadero.

Las paradojas del Pepe

Las estrellas ascendentes en la política uruguaya para las próximas elecciones se llaman Sendic y Bordaberry. El principal líder de la izquierda Tabaré Vázquez cada vez se parece más a la demagogia didáctica de Jorge Pacheco Areco. Oscar Magurno, un ex adherente de la dictadura militar y un símbolo de la derecha más cerril del siglo XX, es elogiado unánimente por la plana mayor del gobernante Frente Amplio.Un Saravia inmensamente parecido al Saravia original se descontrola -un gesto saravista al por mayor- y arma una gran marimorena en nombre de las mayorías silenciosas por una ley que intenta administrar daños de una guerra civil.  Mientras el país se juega la piel en el debate de los menores infractores los principales referentes de la oposición se «acusan» de  chapulines y perros falderos como si todo se tratara de un poco de ingenio para estar en la prensa. Un grupo de «peludos» de Bella Unión toman una estancia del norte del país reclamando «tierras» y «mejor distribución de la riqueza». Un grupo de militares retirados le plantan bandera a un presidente, ex guerrillero, y lo amenazan con una rebelión si no manda parar la caída de la Ley de Caducidad.

¿Será verdad que en este país las cosas no cambian?

¿O será un deja vu?

Agrointeligencia

De todas las palabras que pronunció Mujica en su discurso como nuevo presidente hay una que me interesó mucho: agrointeligencia.

El otro día tuve la suerte de poder entender de qué se trata escuchando al nuevo ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre.

Uno puede vislumbrar el significado en la suma de las partes, pero no intenten consultar a la Real Academia Española: la palabra es olímpicamente ignorada.

Agrointeligencia no es sólo transferencia de tecnología o la efectiva rotación de cultivos. O hacer negocios rentables. Es un concepto multidimensional que incluye saber qué quiere el mundo de nosotros, investigar mercados, ver quiénes los proveen, adelantarse a las necesidades, saber cómo hacemos para diferenciarnos sin que el precio sea la única variable de la ecuación.

Agrointeligencia es crear un sistema de información para cruzar datos y minimizar riesgos en un mundo dominado por el cambio climático.

Ser agrointeligente es saber hectárea por hectárea cuál es la “usabilidad” de los suelos en los cuatro puntos cardinales del país, qué capacidad hídrica tiene cada campo y tener políticas de riego basada en estrategias y no en dificultades jurídicas.

 Estar en la dimensión agrointeligente supone no atarse a dogmas ideológicos. Es dejar de preocuparse tanto por la concentración de capitales y dedicarse a generar cadenas que aseguren procesos de calidad unificados y transparencia de los precios.

En el otro extremo, lo agrointeligente es crear nuevas herramientas financieras para que las AFAPs puedan comprar tierras, en un país donde los precios se han quintuplicado en los últimos siete años. ¿No sería una buena idea para mitigar la extranjerización?

Cuando uno sondea a los principales referentes del sector, todos se congratulan de la llegada del nuevo ministro, en especial porque tienen la esperanza que lleve a la agropecuaria nacional las ideas que impulso en la Asociación de Cultivadores de Arroz.

Con esta filosofía la gestión de Aguerre logró un precio único del arroz en un sector en el que hay cuatro empresas dominantes y quinientos productores chicos.

Con esta filosofía, el arroz se declaró libre de transgénicos, lo que le permitió al cultivo vender a mejor precio.

Usando marketing como diferencial los arroceros consiguieron una rentabilidad equivalente a haber encontrado una variedad de arroz que produjera 1.500 kilos más por hectárea.

Sin embargo, Aguerre no cree que se pueda llevar el modelo arrocero a todas las áreas.

Ser agrointeligente implica tener estrategias distintas para distintos productos, porque una cosa es arroz y otra maíz, un producto 95% transgénico.

Para el nuevo ministro nos va la vida en ese desafío. Detrás de la estrategia está el concepto de la sustentabilidad y un desarrollo que contemple los intereses de las partes, y no sólo los intereses creados de las élites. El campo debe ser un negocio rentable también para la agricultura familiar y para los trabajadores.

De acuerdo a Aguerre, el modelo agrointeligente es una cosmovisión en la que ganan todas las partes, en las que se complementan las necesidades del otro, en las que cada uno hace lo que mejor sabe hacer y deja en manos de otros lo que se puede hacer a costos más bajos, porque ser agrointeligente es entender que la capacidad industrial ociosa del otro interpela la capacidad de competencia del sector.

El propio ministro es un ejemplo de agrointeligencia. Se recibió de agrónomo en 1980 y se fue a Bella Unión como asesor de Calnu. Al cerrar Calnu a fines de la década decidió quedarse en Tomás Gomensoro.

 Hizo un acuerdo con un productor local. Él necesitaba tierra y el ganadero necesitaba una represa. Aguerre empezó con un tractor y 60 hectáreas arrendadas en un proyecto de rotación de arroz –pasturas.

Hoy el ministro tiene 3.500 hectáreas dedicadas al arroz y al ganado. Como empresario arrocero produce 10.000 kilos por hectárea, una de las productividades más intensivas que se conocen en el país.

Aguerre admite que no todo ha sido tecnología en sus logros. Y sabe que su mayor desafío deberá ir más allá de convencer al país agroexportador -70% del comercio exterior uruguayo- sobre la necesidad de tomar políticas activas contra la inevitable tropicalización del clima.

Es probable que en los próximos encuentros de la Real Academia esté la palabra “agrointeligencia” sobre la mesa de lingüistas y entomólogos del lenguaje.

Mientras ocurre la legitimación, sería bueno empezar por algún lado, por ejemplo incorporando el concepto enunciado por el presidente en todo su significado.

La agrointeligencia trasciende la dimensión agropecuaria, porque implica un cambio cultural de fondo en el país de las chacras.

Uruguay apuesta a la innovación como «marca país»

El presidente uruguayo Tabaré Vázquez se va con el 80% de aprobación popular. Ese apoyo a su gestión fue en buena medida el causante de la nueva victoria de la izquierda en el poder en las elecciones de octubre y noviembre de 2009.

El traspaso de mando será el 1° de marzo y cuando todavía no han empezado las balances del Gobierno Vázquez a ningún dirigente político de la oposición se le escapa que, más allá de otros aciertos, el jefe de estado saliente deja un tema estrella en la agenda: el horizonte de la innovación como única salida para un país pequeño de 3.4 millones de habitantes y un PBI de apenas 40.000 millones de dólares.

Apretado entre dos gigantes como Argentina y Brasil, la búsqueda de nichos de innovación es palabra santa en los círculos políticos uruguayos desde hace más de 20 años. En ese sentido los faros a seguir son países pequeños que han operado fuertes reconversiones como Irlanda, Finlandia y sobre todo Nueva Zelanda, una nación situada a 35 grados latitud sur, con igual clima y sistema productivo que el Uruguay.

 La reforma del Estado neozelandés –que trajo cambios sociales profundos- es considerado un modelo de aplicación por parte del presidente electo, José Mujica, en un tema que se ha transformado en una de sus confesas prioridades de gobierno.

 Esta preocupación de mostrar al Uruguay como una marca se reitera en casi todos los foros internacionales. Ayer, miércoles 10, Mujica habló para 1.500 empresarios llegados desde distintas partes del mundo y uno de los ejes centrales de su discurso fue instalar a Uruguay como país de innovación.

 En un acto desarrollado en el Hotel Conrad de Punta del Este, balneario de lujo situado a 140 kilómetros de Montevideo, el ex jefe guerrillero de los años 70 –ungido presidente con el 53% de los votos- elogió aspectos del liberalismo político, y para terminar de sorprender a su auditorio llamó a los empresarios a “arriesgar” en Uruguay.

 “La riqueza es hija del circuito de trabajo y de la excelencia”, dijo Mujica “Precisamos gente que se la juegue, hay mucha gente con dinero, pero que no se arriesga, que no invierte”

 Recién en los últimos años Uruguay ha llevado a cabo acciones directas para generar un clima favorable a la ecuación I+D+I (Innovación más desarrollo más investigación), una suma de factores que describe a actividades económicas con valor agregado, y a la difícil interconexión entre el conocimiento académico y  el mundo productivo.

 Un primer paso hacia un cambio en el nuevo modo de entender la realidad fue la creación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) a fines de 2005.

 No sólo se trata de tener un marco institucional que trascienda los gobiernos. Por primera vez, las ciencias y los agentes de innovación cuentan con un fondo de casi 200 millones de dólares para proyectos concretos en el quinquenio. Este fondo tiene cuatro vías de financiamiento internacional y una contrapartida del gobierno.

 Según el vicepresidente de ANII, Edgardo Rubianes, fue la forma que encontró el gobierno uruguayo para evitar que la Universidad de la República –en donde reviste la mayoría de los investigadores- se  trague el dinero en sueldos. Seis de cada diez pesos (61%) de los 420 millones que invierte la universidad cada año termina en el bolsillo de los funcionarios, y por lo tanto no se vuelva a la actividad educativa y de investigación.

 Esta realidad explica por qué Uruguay ha estado en la retaguardia de la investigación regional.

 En los últimos años la situación mejoró al punto que el país se encuentra en un índice aceptable de investigación científica, un 2.79% del PBI invertidos, similar al de Argentina, aunque un punto porcentual por debajo de Chile.

 La gestión ANII ha tenido que ver con esa mejora. No sólo ha logrado reclutar a más de 1.500 científicos top uruguayos. Estableció además las ocho líneas de producción prioritarias para el país –desde ciencias duras o logística-, pero lo que es más importante aún ha apoyado proyectos públicos y privados por 102 millones de dólares en 2008, tres veces más dinero que en el primer año de actividad de la agencia.

 Otros indicadores de innovación se pueden ver en la fuerte expansión de la industria del software en Uruguay, que produce 450 millones de dólares anuales. Hace diez años era testimonial en la economía nacional, pero hoy representa más de 1.5% del PBI.

 Todavía el I++D es un fenómeno incipiente en Uruguay. Pero sin dudas se nota un cambio de sensibilidad a partir del nuevo manejo de las políticas públicas.

 Ese clima de negocios ha atraído en forma directa e indirecta a importantes jugadores globales en el mundo de la innovación y el desarrollo como la finlandesa Botnia (hoy UPM) o el gigante indio Tata Consultancy Services.

 I + D + Olfato Político

 Cuando se tienen las necesidades básicas satisfechas se puede mirar más allá de los problemas acuciantes. Todo esto explica este avance por configurar un escenario propicio para la innovación en todas sus formas en un país conservador por naturaleza y con más de 250.000 funcionarios públicos aferrados a su inamovilidad.

 Esta necesidad de “cambiar el chip” llega hasta tal punto, que ANII –a pedido del gobierno- realiza en estos momentos una encuesta nacional entre toda la población y a partir de algunos de sus programas comienzan a generarse campañas de bien público destinadas a fomentar la “cultura innovadora” y, sobre todo, al emprendedurismo a través de micro préstamos blandos.

 En otros tiempos hubiera sido un escándalo para la austera sociedad oriental. Pero la  buena performance de la economía uruguaya en los últimos cinco años escondió todas las voces críticas durante la reciente contienda electoral.

  Los números asisten a los publicistas del gobierno: en 2008 el PBI subió 8.3%, casi en términos asiáticos, en tanto que en 2009 la desaceleración que trajo la crisis hipotecaria mundial no evitó un aumento del 2% del volumen neto de actividad.

 Pese a los vencimientos de deuda pública en 2011, la economía uruguaya se prepara para crecer 4.5% este año y el país muestra una desocupación históricamente baja, algo menos del 6.5%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

 Es cierto que el contexto internacional –y especialmente la avidez china por las materias primas- fueron factor determinante de ese viento favorable.

 Pero sin duda, la cintura del gobierno progresista hizo lo suyo, manejó los tiempos políticos a su antojo, desarmando así a una casi inexistente oposición.

 Vázquez tuvo un fuerte dominio de la escena pública y administró con acierto y bajo perfil los disensos internos dentro de una coalición gobernante integrada por 27 partidos políticos de historiografía muy diversa.

 Haciendo gala de pragmatismo y sentido común, la política de regionalismo abierto y su plan antitabaco –que logró bajar en 130.000 el número de fumadores en tres años- son dos señales de identidad que mostraron el poder de convicción del mandatario saliente.

 Casi todos los indicadores pondrían a Tabaré Vázquez, de 70 años, en el camino de una segunda presidencia en el 2014.

 Para muchos politólogos es una posibilidad cierta, dadas las dificultades que tiene el Frente Amplio para hallar candidatos de consenso.

 Y más allá de que Vázquez  se lleva al llano algunas críticas – se le acusa de nepotismo en negocios con Venezuela y de haber aumentado su patrimonio en 180% en estos cinco años-, hay un solo tema en el que casi ningún uruguayo se atreve a la duda: el plan Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en línea”, más conocido por sus siglas como Plan Ceibal.

 Detrás del Ceibal subyacen problemas de fondo en la sociedad uruguaya, que si no se revierten serán fuente de inequidades en las próximas décadas a causa de la brecha educativa entre sectores ricos y pobres.

 Si bien siempre se presenta a Uruguay como un país con mano de obra calificada (uno de cada diez adultos fue a la universidad), la realidad hoy es muy distinta a causa de una generación de jóvenes que no estudian ni trabajan.

 Durante las recientes elecciones, un informe puso su foco en este problema no resuelto. El documento se denomina «Los servicios de cuidado para niños, niñas y adolescentes relativos a la educación en el Uruguay». Su autora,  la socióloga Silvia Santos, asesora del Banco de Previsión Social (BPS), asegura que entre 2004 y 2008 la escuela pública perdió más de 13 mil alumnos.

De cada tres adolescentes pobres uno no estudia y la matrícula de Secundaria cayó en más de 20 mil alumnos entre 2003 y 2007.

 El Plan Ceibal –cuyo nombre refiere a una flor característica del Uruguay- es parte de una estrategia a futuro para mitigar los devastadores efectos de esta tendencia al desinterés y desamparo por parte de los más jóvenes.

 Ceibal ya distribuyó 450.000  computadores portátiles entre escolares uruguayos. El proyecto siguió los lineamientos del reconocido entrepeneur del MIT  (Harvard), Nicholas Negroponte, ideólogo de One Laptop per Child.

 El olfato le dijo al presidente Vázquez que Uruguay debía ser el primer país del mundo en aplicar la metodología y lo hizo a rajatabla. Las proporciones uruguayas jugaban a favor de una buena cobertura en materia de conectividad e infraestructura. Con una inversión relativamente baja -menos de un millón de dólares- el país se convirtió en un caso testigo, que hoy es modelo en otras regiones del mundo.

 Detrás del plan educativo no sólo hay un cambio de paradigma en el modelo de enseñanza. La entrega de una computadora personal trascendió los límites de las aulas. Los estudiantes ya comienzan a dejar de ser sujetos pasivos de la educación para ser activos investigadores de la realidad gracias a las ventajas de Internet.

 Pero sobre todo los laptops cobraron una nueva trascendencia social como elemento igualador, trasladando su influencia al hogar, y en especial a los padres de esos chicos, en un país donde el 38% de los menores de 6 años se desarrollan en familias pobres.

 Los niveles de excelencia del Plan Ceibal son tan altos y su nivel de aprobación popular ha llegado a tales límites que artistas uruguayos de renombre internacional se han acercado para ser parte de su divulgación.

 Uno de ellos es el cantautor Jorge Drexler, famoso entre otras cosas por ser ganador del Oscar a la mejor canción en 2005 por “Al otro lado del río” del film “Diarios de motocicleta”.

 El video-canción de Drexler que homenajea al Plan Ceibal está disponible en Youtube (http://www.youtube.com/watch?v=wr1DPm7xng0) y de algún modo es la consagración de una idea que apunta a lo global, pero que paradójicamente suena a milonga… paraguaya.