Facturan 4.500 millones de dólares al año y pagan en impuestos 228 millones de dólares, según un estudio de proyección de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria. Aritméticamente, los productores rurales pagan poco más de 5% de impuestos sobre el total de lo que lo exportan. Dicho así parece poco dinero, pero el tema es bastante más complejo.
El gobierno pretende cobrar 60 millones de dólares -un 25% adicional- por la vía del futuro tributo a la tierra a las empresas agropecuarias con más de 2.000 hectáreas.
Cuando el tema salió en el semanario Búsqueda, el economista Gabriel Frugoni -un ascendente técnico dentro del staff presidencial- reconoció que el impuesto sería volcado a infraestructura vial y logística, que se encuentra bajo fuerte presión por el mismo crecimiento de la actividad económica de los últimos seis años.
Luego el propio presidente reconoció que detrás de la iniciativa está la necesidad de redistribuir la riqueza. En Uruguay, el 20% de la población con mayores ingresos se queda con el 47% de la riqueza generada y el 20% más pobre sólo con el 5,5%. En el campo esta situación se extrema aún más.
Para colaborar con la confusión general, las ideas del gobierno siguieron saliendo sin filtro a la opinión pública.
El ministro Aguerre comentó que el problema podría solucionarse sin recurrir a los impuestos. Habló de utilizar el instrumento de la asociación público-privada que está a estudio el Parlamento.
Unos días después el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, confirmó que este instrumento posibilitaría contar con un fondo de 1.100 millones de dólares -600 de privados, 500 del Estado- para alcanzar el objetivo de mejorar puentes y carreteras.
Pero el ministro de Economía Fernando Lorenzo también arriesgó otra posible forma de recaudación fiscal: levantar las exenciones a los impuestos de Primaria y Patrimonio para los productores rurales.
Cualquiera sea la solución, el rumbo está sumido en el caos comunicacional del oficialismo.
Por lejos, la asociación público-privada es la más revolucionaria de las ideas en danza. Propone una nueva forma de relacionar a la producción con el fisco, ya que en este escenario los productores deberán correr sus propios riesgos y serían participantes activos del cuidado de la infraestructura que se pretende reparar. Además es una sociedad de largo plazo, a 25 o 30 años.
La no-estrategia «mujiquista» igual parece haber logrado su objetivo: los productores dan señales de querer sentarse a negociar «algo» con tal de no seguir escuchando ideas al tun tun.
Tocarle el bolsillo a la actividad agropecuaria siempre es un asunto complejo: es un lobby poderoso y ha sido motor del crecimiento «asiático» de los últimos años.
Si bien en 2010 los agronegocios se incrementaron por debajo del PBI (1.8% sobre un total 8,3%) siguieron siendo protagonistas por el efecto «inércico» que se arrastra desde hace siete años en el precio de las materias primas.
Hoy el campo representa siete de cada diez dólares de las exportaciones nacionales.
Los impuestos para los productores vienen dando saltos notables año a año, pero aún están lejos de reflejar los buenos dividendos del sector. En 2009, los productores habían pagado al fisco 183 millones en impuestos. No obstante, la presión fiscal se mantuvo incambiada por el incremento del Producto Bruto Interno en dólares corrientes.
YA SE COBRAN IMPUESTOS A LA TIERRA
La pregunta que todos hacen en el gobierno es si el agro paga impuestos de acuerdo a su facturación, a su peso en la economía nacional y al uso que hace de la infraestructura del país. Para fundamentar el nuevo impuesto a los tenedores de más de 2.000 hectáreas de tierra, Mujica manejó una cifra: 4 dólares por hectárea por año.
Esa cifra corresponde en realidad a la contribución rural, un impuesto que cobran las intendencias para atender el acuciante nivel de la caminería rural en Uruguay.
Se trata de un tributo que sigue la lógica del nuevo impuesto con un valor agregado. Es un cociente entre las héctareas que posee el productor sobre un índice llamado CONEAT que se establece a partir de variables como la productividad del suelo, la cercanía a rutas y centros poblados, etcétera.
Sin perjuicio de esto, la actividad agropecuaria paga algunos impuestos más, según explica Diego Sotelo, coordinador de Fucrea.
Sotelo alude a una constelación de pequeños y grandes impuestos de cobro nacional y municipal según el caso.
En el año 2010 pagaron 20,2 millones de dólares por aportes patronales al BPS, 63,1 millones de Contribución Inmobiliaria y 6.5 millones de patrimonio. Se trata de un conjunto de tributos que ya gravan la tenencia de tierra.
Por concepto de IRA/IRAE pagaron 20.7 millones y 64.2 de IMEBA
IMEBA e IRAE son técnicamente impuestos a la renta porque apuntan a las ganancias del productor. IMEBA se aplica a pequeños productores y representa el 1.5% de las ventas del establecimiento.
Cuando se factura por encima de un ficto estipulado por el gobierno, el productor paga IRAE, que establece el pago de 25% de las ganancias netas.
También un productor agropecuario paga un impuesto llamado INIA-Mevir equivalente al 4 por mil de sus ventas. Incluso los ganaderos también pagan 1% a las intendencias por movimiento de ganado.
Si se es arrendatario hay que pagar además un 18% de impuestos del valor de la renta.
TENTACIONES DIRIGISTAS
El lunes último, Fucrea y el estudio CPA Ferrere presentaron un estudio sobre «Situación económica y desafíos para el Gobierno – El caso del agro desde una perspectiva de política económica global».
En el encuentro expusieron los economistas Gabriel Oddone y Alfonso Capurro, quienes plantearon la necesidad de evitar «tentaciones dirigistas».
¿En qué consisten las políticas dirigistas? Sotelo apunta el ejemplo del nuevo impuesto que impulsa el presidente. «Hasta ahora primaba la lógica Astori en materia de impuestos, es decir se pagaba en relación a lo que se produce y se vende. Esto es distinto: esto es pedirle a los productores algo más, pero sin base lógica».
El presidente insistió que el dinero será utilizado primero en puentes y caminería, pero luego reconoció que hay otros sectores que necesitan del dinero del campo. Citó a las Asignaciones Familiares, en beneficio directo de las familias rurales, como forma de contener o desacelerar el éxodo hacia las ciudades que comenzó hace más de 50 años.
Horas después, Mujica habló en Cerro Largo del impuesto respondiendo a los productores que pidieron «no matar a la gallina de los huevos de oro». Quien había usado esa expresión fue Oscar Costa, el CEO de Union Agriculture Group (UAG), una empresa que en dos años invirtió 400 millones de dólares en tierra e infraestructura de agronegocios diversificados, desde ganadería intensiva a los olivos. El dinero es provisto por fondos de inversión europeos y la empresa se encuentra en trámite para cotizar en la bolsa.
La advertencia del presidente fue, sobre todo, para los inversores extranjeros que ya conocen la experiencia bolivariana de Chávez: «En Uruguay no expropiamos tierra; la compramos para que no haya terremoto social. ¿De dónde vamos a sacar la plata? Le pedimos a los que tienen más, que den un poco de lo que tienen, para poder tener una política de tierras. En Uruguay la reforma agraria se llama Instituto Nacional de Colonización (INC)».
Ante decenas de pequeños productores, que inauguraban dos cooperativas agrarias con tierras de INC, el mandatario arrancó aplausos de los presentes cuando mencionó su voluntad de seguir adelante con el nuevo impuesto.
«Este país seguirá siendo por décadas un país agroexportador. Hay que pensar en el futuro. Las personas que quieren producir aquí saben que tienen que aportar para que el país no se venga abajo», dijo el presidente.
Los datos oficiales le dicen al gobierno que sin comunicación no hay desarrollo. Cansado del debate espiritual que trajo la Caducidad, Mujica sacó a relucir -en su estilo desprolijo- la necesidad de reflotar el tren como alternativa para transporte de mercaderías.
Un 27% de las rutas nacionales se encuentra en un estado “malo y muy malo”, de acuerdo a un informe de «Estado de confort» presentado al Parlamento en octubre de 2010 por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
La propuesta tributaria de Mujica es una guiñada a los sectores más izquierdistas de la coalición que, representados por el senador comunista Eduardo Lorier, salieron heridos de la anulación de la Caducidad.
Estos sectores habían solicitado un nuevo impuesto agropecuario para compensar las extraordinarias ganancias de los productores en los últimos años. En febrero de 2011, Mujica no estaba tan dispuesto a agitar el veloz corporativismo de los productores.
Cuando se le preguntó por aumento de tributos, en aquel entonces calificó de bolazos la eventualidad de un cambio de reglas para los productores.
Sin embargo, tres meses después el presidente se hizo cargo de la idea, e incluso la tiró a la opinión pública sin consultar al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, quien reconoció no estar al tanto del proyecto y amenazó con renunciar.
Según Aguerre, el «tema no está laudado», pero toda la plana mayor del equipo económico se cuadró detrás del presidente, empezando por el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, a quien se señalaba al principio como resistente a agregar más reformas a la ya polémica reforma tributaria.
El trasfondo del reclamo presidencial es que la tierra en Uruguay está en manos de grandes empresas extranjeras. El semanario Búsqueda mencionó que al menos 15 empresas explotan 1.4 millones de hectáreas, equivalente a tres departamentos del sur del país. En Uruguay hay más de 14 millones de hectáreas suceptibles de ser explotadas por el sector agropecuario.
Entre las empresas en posición dominante están Botnia, Montes del Plata (forestación, pasta de celulosa), Agronegocios del Plata y El Tejar (agricultura), Bulgheroni (lechería, energía), etcétera, todas compañías de origen extranjero que llegaron a Uruguay de la mano de amplios beneficios impositivos disponibles en el país desde hace más de dos décadas.
¿De qué otra manera Uruguay podría atraer la gran inversión internacional frente a la mayor riqueza del suelo argentino, o la variedad de climas o el prometedor mercado interno y externo que ofrece Brasil?
La tierra en Uruguay es escasa y no siempre productiva. Aún así ha tenido el mayor auge de su historia. En la última década hubo operaciones por 6.3 millones de hectáreas. Según el Instituto Nacional de Colonización, el precio promedio por hectárea se situó en el eje de 3.900 dólares. En 2010 hubo 136 operaciones de compra venta que movilizaron 693 millones de dólares.
El territorio considerado premium en Uruguay (ubicado en Soriano, Colonia) subió sus precios entre tres y cinco veces en los últimos años, pero este incremento no es acompañado en todo el país. Sólo en el último año el valor de la tierra subió 10%, es decir por encima de la inflación.
Un campo de alta productividad en el litoral sur de Uruguay cuesta 10.000 dólares la hectárea, mientras que la héctarea en noreste del país no alcanza los 3.000 dólares.
Sotelo, vocero de Fucrea -una cooperativa agraria especialista en innovacion tecnólogica y agroeconomía-, admite que este es uno de los costados más vulnerables del planteo de Mujica. «No se le puede pedir lo mismo al cultivador de Soriano que tiene una tierra altamente productiva que al ganadero que tiene tierras en el basalto. Son distintas productividades», asegura.
También señala que es difícil medir los activos del sector agropecuario como para aplicar impuestos directos. «Conozco productores de menos de 300 hectáreas que, de repente, tiene más de 3 millones de dólares en maquinaria. Pero eso no significa que sean ricos», explicó.
Las proyecciones de OPYPA para 2011 señalan un crecimiento de 4.7%, que no será integral y en iguales términos.
El analista en temas agropecuarios Eduardo Blasina, asegura que habrá suertes dispares. Una cosa será el alza de los precios internacionales de arroz, sorgo y soja. Otra cosa es el comportamiento a la baja que se espera en otros cultivos como grirasol, cebada, trigo y maíz. La faena de ganado no saldrá del estancamiento de los últimos años: se prevé menos de 2 millones de cabezas de faena y una población estable de 11 millones de animales.
Las señales del mercado internacional no concuerdan con el optimismo del presidente uruguayo.
Con bajo perfil, el frigorífico Breeder and Packers despidió a 67 de sus 300 trabajadores. Sus propietarios esgrimieron cambios de los mercados internacionales.
El anuncio de más de 150 millones de dólares de inversión y una capacidad de 2.000 cabezas de ganado, quedan ahora sumidas en un enorme signo de interrogación.
Se trata de un golpe duro por tratarse de una inversión símbolo de la nueva economía local. Es el primer frigorífico que se construyó desde cero en Uruguay en más de medio siglo.
Sin dudas es una dolorosa amenaza. B and P salió de la mesa de póker sin siquiera haber inaugurado su tecnología de vanguardia, con enfoque «ecologista», una planta diseñada para el ABC1 de la carne mundial.
La música funcional acompaña a las vacas en su destino de carne premium, libre de nervios, para las góndolas y restoranes más selectos del mundo.
A los productores rurales, siempre alertas al mangazo del Estado, la apelación a la solidaridad de Mujica se parece bastante a esta banda sonora de matadero.
Antonio Álvarez periodista 