La Post-Caducidad. ¿Y ahora qué, Uruguay?

Por Antonio Álvarez, especial para Deliberately Considered (*)

Gerardo Bleier es un periodista destacado desde los años 80. Durante el primer gobierno del Frente Amplio, a cuyo frente estuvo el socialista Tabaré Vázquez (2005-2010), ocupó cargos de asesor al más alto nivel y con el más bajo perfil.
No es cualquier militante de izquierda. Eduardo Bleier, su padre, fue un cuadro importante dentro del Partido Comunista, cuando el comunismo uruguayo era dirigido por Rodney Arismendi, una de las máximas figuras mundiales del régimen instalado en la Unión Soviética
El apellido Bleier es una bandera de las organizaciones de derechos humanos. Sin haber levantado un arma, Eduardo fue uno de los tantos activistas políticos asesinado y desaparecido durante la llamada “guerra sucia” de los años 60 y 70.
Hace pocas semanas, Bleier hijo publicó en su Facebook –y supongo que en su blog http://columnayensayo.blogspot.com/2011/06/el-uruguay-despues-de-la-impunidad-de.html), uno de los tantos artículos que desacomoda a izquierdistas uruguayos aferrados a las banderas históricas.
Cada semana publica reflexiones sobre las distintas encrucijadas que va encontrando la coalición gobernante Frente Amplio en el ejercicio del poder, después de 40 años de estar en la oposición, luego en la clandestinidad y de nuevo en la oposición.
Bleier cuenta que Uruguay está en camino de recibir 15.000 millones de dólares en inversiones, básicamente de sectores tan disímiles como celulosa, minería, agronegocios y logística. Para él, se vive una coyuntura única y trascendental: la santísima trinidad -el país, la nación, el Estado- debe elegir dónde poner su energía administrativa y política.
Como tantos países latinoamericanos Uruguay está en un fuerte proceso de revisionismo histórico, pero al mismo tiempo registra uno de los mayores crecimientos económicos de la modernidad. La economía se incrementó a tasas asiáticas (8% en 2010) y aunque se prevé una desaceleración en 2011, el PIB seguirá siendo alto al menos en los próximos cuatro años.
Entre el revisionismo histórico y las oportunidades macroeconómicas, si hay que elegir, las cosas están bien claras para Gerardo.
Escribe Bleier: “Resulta obvio señalar que esto no implica dejar de tejer, de construir la memoria histórica de lo sucedido durante la aplicación del terrorismo de Estado, no significa dejar de poner en evidencia la magnitud que tuvo pese al esfuerzo de algunos actores por encubrir el horror la sistemática violación de los derechos humanos durante la dictadura, no significa dejar de buscar caminos para acceder a la verdad que falta, no significa terminar el proceso de desmantelamiento de la política del silencio y protección de criminales, pero no puede el tema seguir ocupando la centralidad de la agenda política uruguaya, y eso es lo que esencialmente dice, de muchas maneras, la sociedad uruguaya”
Es cierto: Uruguay tiene problemas para solucionar el pasado reciente, pero no puede descuidar asuntos que van a generar en el futuro cercano una enorme reproducción de la pobreza, y una dramática caída de la calidad institucional.
Después de ser durante 70 años un país de vanguardia en materia educativa, Uruguay vive una grotesca pauperización de su sistema educativo. El proceso de decadencia coincide casualmente con el desplome de la economía y el posterior proceso de polarización política que terminó en 12 años de totalitarismo.
Un informe del Banco Mundial sobre igualdad de oportunidades expone un contraste revelador, En un ranking de países, Uruguay ocupa un puesto de privilegio entre el 30 por ciento más bajo del mundo, un desempeño que no está acorde a su nivel de ingreso relativo y nivel de desarrollo social general.
Según el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (Pisa, por sus siglas en inglés), más del 40 por ciento de los estudiantes uruguayos está por debajo del nivel de aprendizajes que les permitiría tener mínimas oportunidades en la vida. De un total de 64 países evaluados, Uruguay quedó en el puesto 47.
Otro dato que hace tener por el futuro uruguayo: el 75% de sus 9.000 reclusos uruguayos tiene menos de 30 años, en un país donde los jóvenes representan menos de la quinta parte de la población, y constituyen el sector etario más afectado por la desocupación y la pobreza desde hace más de 20 años.
En la misma sintonía, Bleier escribió: “(…) también es cierto que la mayoría abrumadora de la sociedad uruguaya, de los jóvenes uruguayos, necesitan un estado de ánimo colectivo que no esté marcado por las traumas del pasado, sino por los desafíos del porvenir”.
Su texto generó airadas defensas en contra y a favor. Sus lectores son, en su mayoría, intelectuales y luchadores sociales de larga trayectoria.
El planteo surgió justo cuando el gobierno de José Mujica –un ex integrante del movimiento guerrillero Tupamaros- acababa de perder una batalla fundamental: por el voto en contra de uno de sus legisladores se frustró la aprobación de la norma interpretativa de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
Esta ley aprobada en 1985, recién reinstaurada la democracia uruguaya, permitió al país una salida pacífica y la entrega del poder por parte de la dictadura militar que gobernaba desde el Golpe de Estado de 1973.
En lo básico fue una extorsión del poder castrense para que sus integrantes no fueran juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos en el comienzo de la lucha contra la guerrilla (1968) y el posterior desarrollo del llamado Proceso Cívico-Militar.
El artículo 4 de la Ley de Caducidad abrió una ventana para la investigación, más para la verdad que para la justicia. Tabaré Vázquez, el antecesor de Mujica, usó esa cláusula para reabrir algunos casos que de otro modo hubieran ingresado en la lista de crímenes impunes. Como consecuencia de esas investigaciones 28 policías, militares y civiles al servicio de la dictadura están presos en una Unidad Militar en las afueras de Montevideo. Entre ellos hay funcionarios de segundo rango, integrantes de la Inteligencia militar de la época, algunos policías, el ex canciller Juan Carlos Blanco, y dos ex presidentes, Juan María Bordaberry (en prisión domiciliaria) y el Teniente General Gregorio Álvarez.
Por supuesto, estos reclusos no fueron los únicos responsables de torturas, asesinatos y desapariciones forzadas. El foro militar Libertad & Concordia- -que reivindica a los condenados como “presos políticos”- sostiene que si Mujica decidiera abrir por vía administrativa los 88 casos que abarcan la Ley de Caducidad más de 400 oficiales y soldados deberán pasar por los juzgados penales uruguayos en carácter de testigos e indagados. Varias decenas de ellos podrían terminar presos, según me dice el Coronel (retirado) Juan Pérez de Azziz, vocero de la organización.
Si el presidente decidiera abrir por su cuenta esta instancia, a pesar del fracaso parlamentario, se generaría así una industria de demandas y la sociedad uruguaya ingresaría en un pertinaz e inevitable proceso de judicialización que llevará años de confrontación y conflictos sociales.
Por si fuera poco, la ciudadanía ya se pronunció sobre la Caducidad. La derogación de la ley fue desestimada por dos plebiscitos, uno en 1989 y otro en 2010, en esta última ocasión durante las elecciones que llevaron al poder a Mujica.
La iniciativa perdió por dos puntos porcentuales, pero a nadie se le escapó que el nuevo presidente constitucional –un personaje central del pasado reciente- no habló casi nunca del tema durante su campaña política.
Y más todavía: se mostró partidario de liberar a esos “viejos”. Mujica, un hombre de 75 años, asiste con piedad al desfile de sus antiguos enemigos, tan descangallados como él, rumbo a los juzgados y camino hacia una verdad improbable.
En todo caso el presidente ha dicho que este ejercicio de memoria colectiva se conseguirá “cuando muramos todos” , en alusión a los 5.000 guerrilleros y 20.000 integrantes de las Fuerzas Conjuntas, protagonistas de aquellos hechos trágicos.
Desde su lugar de ciudadano común, Bleier piensa lo mismo que Mujica. Uruguay tiene urgencias impostergables como, por ejemplo, establecer un “modelo de desarrollo sostenible” atento a “la economía global y regional”.
Nadie puede dudar que Gerardo quiera más que nadie la verdad sobre lo que pasó con su padre. De hecho dejó estampado lo poco que pudo saber sobre su destino
Luego de ser torturado salvajemente, Eduardo Bleier fue enterrado vivo y arrojado a una especie de cuneta cubierta por tablones.
Probablemente –nadie tiene plena certeza de ello- murió en la primera semana de julio de 1976. Su cuerpo jamás fue entregado a su familia.
Se cree que fue enterrado en un cementerio clandestino ubicado en el Batallón 13 de Infantería. Pero en algún momento entre octubre de 1984 y marzo de 1985, cuando estaba a punto de restablecerse la democracia, Eduardo Bleier fue desenterrado y trasladado a otro predio militar, el Batallón 14.
En lo que se denominó “Operación Zanahoria” poco después lo volvieron a desenterrar junto a los cadáveres de otros militantes. Los encargados de la tarea, incineraron sus restos y los tiraron al Río de la Plata según algunas versiones, en un arroyo cercano, según otras.
Muchos años después, Gerardo sabe que los responsables de la muerte de su padre no son exclusivamente ese grupúsculo de enajenados militares ultranacionalistas que vivían en guerra fría. Hubo responsabilidades políticas y grupos de interés económico que alentaron el horror, y que constituirán tomos y tomos de páginas en blanco de la historia.
El gobierno de los Estados Unidos fue uno de los principales facilitadores de aquella crisis, al financiar desde 1968 un Programa de Seguridad Pública (PSP) que proporcionó entrenamiento anti-insurgente supervisado por la CIA. En diciembre de 1973, el Senado estadounidense levantó la asistencia financiera a partir de una investigación del demócrata James Abourezk.
Muchas cosas han caducado desde entonces. Bleier, el sobreviviente, sabe por experiencia propia que el día que pasa es la verdad que huye. Y que no habrá verdad si no hay justicia. Y que no habrá justicia si no hay futuro. Y que no hay futuro ni verdad histórica si no se atiende lo urgente y lo importante ahora, ya mismo.

Una respuesta a “La Post-Caducidad. ¿Y ahora qué, Uruguay?

  1. Buenísimo el artículo. Preciso, verdadero, para pensar. Este es uno de los buenos periodistas que hace investigación cierta, ofrece información buenísima y gracias…que nos hace VER con los OJOS ABIERTOS!! Felicitaciones.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s