Abandonados por la pretensión punitiva

Después de la derogación de la Caducidad todos miran hacia la Cárcel de Domingo Arena. Hoy es 14 de abril y las cosas no están para nostalgias. Para algunos es el dia de los caidos por las instituciones. Para otros, la jornada más negra de los tupamaros, el pasaporte a la derrota militar. Aquel día murieron 12 personas y siete resultaron heridas. Fue el dia más sangriento de la llamada «guerra sucia». Entre algunas inevitables simetrias históricas, hoy hace 39 años una bala le atravesó la garganta al senador renunciante Eleuterio Fernández Huidobro. Se trata de una anécdota que cobra un sentido especial en función de los últimos hechos políticos.

Los militares y policías presos en la Cárcel de Domingo Arena desayunaron ayer con el trago amargo de la derogación de la Ley de Caducidad.

En la Unidad Penitenciaria N°8 fue una mañana cualquiera, de un silencio austero, sin estridencias, como corresponde al espíritu de los uniformados.

De algún modo era una noticia esperada por todos, dada la ecuación política dominante en el país.

La mala noticia, en todo caso, es que si se producen nuevos procesamientos ya no tendrán las mismas condiciones de reclusión de privilegio que poseen hasta ahora. Actualmente cada uno tiene su espacio privado: hay 17 presos en un celdario de 18 habitaciones.

La cárcel se compone de tres sectores: A, B y C. Y hay tres teléfonos públicos en el celdario que son atendidos personalmente por los reclusos.

Además, existe un sector de aislamiento para reclusos con problemas de conducta. Casi no se ha utilizado con estos fines, salvo en dos ocasiones con Gilberto Vázquez.

Las celdas de tres metros por tres tienen muebles propios, televisión y frigobar. Hay un servicio de TV cable que paga el Comando del Ejército. Todo eso habrá que compartirlo si la justicia decide procesar a otros responsables de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar (1973-1984).

La lista de militares que pasarán por los juzgados crece conforme van pasando las horas y las organizaciones de derechos humanos comienzan a revisar las viejas listas de cuentas pendientes, que se convertirán en nuevos juicios.

Se sabe que la caja de pandora que abrió la derogación de la Caducidad pondrá en la mira de la justicia entre 15 y 20 oficiales retirados. En esa lista están Eduardo Ferro, Pedro Matto, Victorino Vázquez y Lawrie Rodríguez, entre otros. También está el general (r) Iván Paulós, uno de los símbolos de la dictadura militar, aunque ya octogenario y con graves problemas de salud.

Y no se descarta que haya también alguno todavía en actividad y que en aquellos años era álferez o teniente segundo.

De hecho, los policías y militares ya recluidos saben que volverán a los juzgados debido a esta reapertura de archivos.

Al menos cinco de los presos en Domingo Arena, entre ellos el ex presidente Gregorio Conrado Álvarez (ver recuadro), deberán volver a los juzgados por delitos que habían quedado excluidos por la norma.

Para algunos de ellos la vida criminal no empezó por las denuncias de los activistas por los derechos humanos.

Seis de estos militares y policías que se consideran «presos políticos» ya tienen procesamientos anteriores al revisionismo histórico: tenían antecedentes penales por delitos no relacionados con violaciones a los derechos humanos.

Un ejemplo es el policía Jose Sande Lima, ex integrante del OCOA (Operación Comando Antisubversivo), que llegó a ser director del Penal de Libertad en plena democracia, en 2006, y terminó procesado por robar y vender los escombros del motín ocurrido en 2002. Con el producido de su emprendimiento ilegal se construyó una casa en La Floresta.

CONVIVENCIA DIFÍCIL

El anuncio de la inminente apertura de archivos judiciales dejó a un lado las disputas internas entre los reclusos.

El fin de la ley de Caducidad finalmente los unió después de tanto tiempo de peleas y mutuos reproches, disputas generacionales que se arrastraban desde los tiempos de esplendor y poder sin límite de la dictadura.

Lo cierto es que desde que la inauguración de la cárcel, el 23 de diciembre de 2006, no ha sido un lugar para las unanimidades.

Desde el principio Domingo Arena fue una cárcel tranquila por la condición de sus reclusos, aunque llena de tensiones internas.

Montada sobre un comodato del Ministerio de Defensa, en el ex Batallón de Infantería N° 7 la autoridad carcelaria tuvo que ponerse firme ante los reclusos que pretendían desobedecer a la Policía en su condición de militares de alto rango, en una reedición de la pelea entre «verdes» y «azules» durante los tiempos de las Fuerzas Conjuntas.

Informes especializados en derechos humanos ya habían señalado en 2008 que existía un riesgo latente de roces entre la autoridad carcelaria y la autoridad militar del cuartel. Es una cárcel que en realidad es un cuartel, y al mismo tiempo es una cárcel militar que debe ser gestionada por la Policía.

El mayor problema estaba en la zona frontal al establecimiento carcelario. Allí se encuentra una «zona gris», en la que no está expresamente establecido quién tiene la potestad de la vigilancia.

Otro foco de conflicto, sobre todo al principio, fue el hecho de que la gente debe someterse a dos controles: al militar a la entrada y al policial cuando se ingresa al celdario.

Es que las cárceles son cárceles por más acogedoras que sean.

Su actual director es el comisario Julio Porley, un policía experimentado que inauguró Domingo Arena, se fue y volvió al puesto en diciembre de 2010 tras 11 meses de dirigir el Comcar.

Porley tiene que administrar un espacio complicado que desde el principio generó polémicas y denuncias.

El primer escándalo sobrevino por el costo de la cárcel: 400.000 dólares.

El segundo escándalo fue cuando trascendió – según la Auditoría Interna de la Nación- que el dinero iba a salir de las misiones de paz para Naciones Unidas, ese mismo dinero que llega tarde y mal a los bolsillos de los soldados. El Ministerio de Defensa tuvo que salir a aclarar que era dinero de su presupuesto, pero ya era tarde.

Uno de los primeros episodios resonantes de la nueva cárcel lo protagonizó el coronel Jorge «Pajarito» Silveira, quien inició una huelga de hambre y terminó recibiendo el sacramento de la confesión por parte del propio arzobispo de Montevideo, monseñor Nicolás Cotugno, ex integrante de la Comisión para la Paz.

Las instalaciones de Domingo Arena 4399 también fueron escenario de otro hecho de connotaciones especialmente graves, cuando la guardia policial interceptó material informático que la hija del policía Ricardo «Conejo» Medina intentaba ingresar al local.

Se descubrió así un operativo de contrainteligencia que los ex agentes estaban realizando desde la propia cárcel, operativos que los viejos halcones de la dictadura suelen llamar «acciones psicopolíticas».

Una investigación judicial reveló que Nancy Medina llevaba un CD con información secreta de personalidades judiciales y políticas que los militares procesaban en cuatro computadoras personales. Desde las mismas sacaban información al exterior para efectuar operativos de «enchastre» a través de internet y publicaciones amigas.

LA SALUD Y LAS VISITAS

En promedio, unas 40 personas acuden a las visitas los martes, jueves (13 a 17 horas) y fines de semana (de 9 a 17).

El lugar excede las demandas de las familias de los reclusos. Hay una cancha de fútbol y un patio de recreo cercado con alambre y un salón comedor con estufa a leña. Allí cuentan con una heladera, una cocina y todos los implementos para cocinarse. Estas visitas son vigiladas con cámaras.

A cargo de la cárcel, hay 25 policías. El personal realiza turnos de 12 horas de servicio por 36 horas francas. Todos tienen formación penitenciaria.

A las 8 se abren celdas y se cierran a las 21. Los presos solamente tienen patio de 10 a 12 y de 15 a 17, menos horas que en el Comcar y en otros establecimientos penitenciarios.

La mala salud de algunos requiere cuidados intensivos a las autoridades carcelarias. Cuentan con una clínica propia, pueden tener salidas al Hospital Militar con custodia y hay además servicio de emergencia móvil y consultorio odontológico.

La salud de los internos es quizá la principal preocupación de las autoridades carcelarias. El mejor estado de salud lo presenta el ex dictador Gregorio Álvarez, quien a sus casi 86 años luce en perfectas condiciones, bastante lejos del » síndrome del ataúd» que dijo padecer en reciente entrevista con el diario Últimas Noticias.

Otros ex camaradas de armas no corren la misma suerte. El coronel Carlos Calcagno, por ejemplo, es diabético, hipertenso y hace unos meses se le practicó un múltiple bypass, similar al que se le hizo al General Miguel Dalmao esta semana.

El coronel (av) Araujo estuvo en coma por una infección renal y ha estado otras veces internado en el Hospital Militar.

En 2007, el mayor (r) José Ricardo Arab fue internado por una severa hemorragia digestiva.

Casi no hay una semana en la que no haya una urgencia médica.

Para quienes están saludables, la cárcel dispone de un mini-gimnasio con bicicleta ergométrica y un caminador.

Los únicos que usan los implementos deportivos son el coronel (r) Gilberto Vázquez y el Inspector de Policía José Sande Lima, que intentan cuidar su silueta pese a la privación de libertad.

La edad avanzada de los presos, sus preocupaciones e indefensión, tampoco dejan demasiado lugar para el sexo y la intimidad.

Hay una sala de visitas conyugales, pero apenas tres de los 17 presos acuden a la habitación.

Ahora que cayó la Ley de Caducidad, muchos miran hacia Domingo Arena, la cárcel condenada a ser especial por su propia naturaleza.

Hoy 14 de abril se conmemora uno de los días más sangrientos de la guerra civil que libraron tupamaros y las Fuerzas Conjuntas, en que murieron 12 personas, ocho guerrilleros y cuatro uniformados. También siete heridos y seis detenidos, entre ellos el «Ñato» Eleuterio Fernández Huidobro. http://www.elpais.com.uy/Suple/QuePasa/07/04/14/quepasa_274643.asp

Hace cuatro años y cuatro meses, cinco militares y dos policías inauguraron el local en medio de sonoras protestas de las organizaciones de derechos humanos que calificaron al lugar como «Cárcel VIP».

Concebida en 2004 para dar alojo a presos comunes, el gobierno decidió su destino en gran parte luego de que se produjera la breve y recordada fuga del coronel Gilberto Vázquez.

Escapó del Hospital Militar en 2006 cuando se le realizaba un estudio médico. La imagen de Gilberto se hizo popular cuando fue detenido unas horas después, en el Barrio Sur, sacuendiendo la cabeza con una peluca, sonriendo ante las cámaras de televisión.

El gesto resignado del ex militar al ser conducido esposado, mostró su costado más humana. En su tragicomedia, Vázquez confirmó el hecho de que aquellos feroces represores, ajenos a toda pretensión punitiva, ya no son lo que eran. A duras penas son una sombra esquiva, mal entrazada, de lo que se espera de ellos.

LOS INTERNOS, UNO POR UNO

Tte. Gral. (r) Gregorio Álvarez Armellino

Coronel (r) José Nino Gavazzo

Coronel (r) Gilberto Vázquez

Coronel Luis Maurente

Coronel (av) José Uruguay Araujo

Coronel Ernesto «Drácula» Soca

Inspector (r) José Sande Lima

Coronel (av) José Araujo Umpierrez

Coronel (r) Carlos Calcagno

Capitán de Navío Juan Carlos Larcebeau

Mayor (r) Ricardo Arab

Inspector (r) Ricardo «Conejo» Medina

Coronel (r) Jorge «Pajarito» Silveira

Fotógrafo policial Nelson Bardesio

Coronel (r) José Chialanza

Coronel Aviador (r) Enrique Rivero

Coronel (r) Juan Carlos Gómez

Otros procesados: General Miguel Dalmao y Juan Carlos Blanco están en Cárcel Central. Coronel (r) Ernesto Ramas está internado en el Hospital Militar. Juan María Bordaberry está en prisión domiciliaria.


COSA JUZGADA

Los coroneles José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge «Pajarito» Silveira, Ernesto Ramas y Gilberto Vázquez fueron sentenciados por el juez penal de 19º Turno, Luis Charles, a una pena de 25 años de penitenciaria como autores responsables de 28 delitos de homicidio («Caso Segundo vuelo») muy especialmente agravados en reiteración real.

El coronel Luis Maurente y los policías Ricardo «Conejo» Medina y José Sande Lima fueron sentenciados a 20 años de penitenciaria, también como autores responsables de esos 28 homicidios, mientras que el soldado Ernesto Soca se mantiene en arresto preventivo tras la extradición a Argentina otorgada por la jueza Fanny Canessa.

También se encuentra bajo prisión administrativa (Hospital Militar) el coronel Carlos Calcagno, quien fue requerido en extradición desde Paraguay por la desaparición de Federico Tatter y tiene una causa abierta en Uruguay por el traslado ilegal de los desaparecidos Nelson Santana y Gustavo Inzaurralde en 1977.

Por su parte, el coronel (av) José Uruguay Araújo Umpiérrez, detenido en la Base de Boiso Lanza, fue liberado cuando se rechazó una solicitud de extradición a Argentina , pero regresó a la cárcel a pedido de la fiscal Guianze por su papel en la coordinación del llamado «segundo vuelo» de Orletti.

El dictador general Gregorio Alvarez, y el capitán de navío Juan Carlos Larcebeau, imputados por delitos de «desaparición forzada» («Terceros traslados») que un Tribunal de Apelaciones terminó por tipificar como «reiterados delitos de homicidio especialmente agravados». Dos semanas atrás, Álvarez fue procesado por el homicidio de Roberto Luzardo, militante tupamaro fallecido en el Hospital Militar en 1973. El juez Juan Carlos Fernández Lechini tipificó el delito de homicidio con “agravantes especiales e imprescriptibles»

El Coronel Ramas, actualmente en el Hospital Militar, igual que Gavazzo, escribe en la sección «Carta de los lectores» del semanario Búsqueda y de la web que los defiende en http://www.envozalta.net.

Prisión domiciliaria logró Juan María Bordaberry luego de ser condenado por los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. Fue procesado además por otros 11 homicidios,

Juan Carlos Blanco, procesado por la desaparición de la maestra Elena Quinteros y por el homicidio de Zelmar y Toba, en su condición de civil, se mantiene recluido junto a otros presos comunes en la Cárcel Central ubicada en los sótanos de la Jefatura de Policía de Montevideo en San José y Yi.

AGRUPADOS POR CAUSAS

Civiles: Juan María Bordaberry (Atentado a la Constitución, desapariciones y muertes) y Juan Carlos Blanco (Elena Quinteros) Ambos, además, por Michielini, Gutiérrez, Barredo y Whitelaw.

Causa Adalberto Soba (2º vuelo de Orletti): José N. Gavazzo, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Ernesto Ramas (en Hospital Militar), Luis Maurente, Jorge Pajarito Silveira, Ricardo Conejo Medina, José Sande y Ernesto Soca.

Causa terceros traslados: Gregorio Alvarez y Juan Carlos Larcebeau (Jorge Tróccoli está fugado).

Causa Roberto Gomensoro: Juan Carlos Gómez y Gavazzo.

Causa Ubagesner Chavez Sosa: José Araújo Umpiérrez y Enrique Ribero.

Causa Insaurralde y Santana: Carlos Calcagno.

Causa Escuadrón de la Muerte: Nelson Bardesio y Pedro Fleitas.

Causa Nibia Sabalsagaray: Miguel Angel Dalmao.

LAS CAUSAS QUE SE VIENEN

La jueza Mariana Motta y la fiscal Ana María Tellechea tienen a su cargo la indagatoria de la desaparición de Horacio Gelós Bonilla. Más de 20 militares estaban en enero de 1976 en el Batallón de Ingenieros Nº 4 de Laguna del Sauce

Motta y Tellechea entienden además en la causa de 19 muertes por tortura en el Batallón de Infantería de Colonia.

El juez Sergio Torres deberá pronunciarse sobre el pedido fiscal de procesamiento del coronel Tranquilino Machado por el homicidio del estudiante Ramón Peré en 1973, el abogado defensor Miguel Langón interpuso nuevos recursos para dilatar la decisión.

La derogación de la Ley de Caducidad abrió otro frente. Los integrantes de la Suprema Corte debían dar sentencia sobre la inconstitucionalidad de la caducidad en la causa de los Fusilados de Soca y del homicidio del coronel Ramón Trabal. Ya no será necesario.

La Suprema Corte de Justicia también debía fallar sobre los pedidos de casación interpuestos por los militares implicados en la causa del segundo vuelo de Orletti y en el caso del ex presidente Gregorio Álvarez por los terceros traslados.

Se acelerarán otras causas como las de la desaparición del maestro Julio Castro.

Caso Fontana de Heber (vinos envenenados) y la denuncia por casos de tortura presentada por ex presos políticos de la base Boiso Lanza.


(*) Agradezco al periodista Roger Rodríguez por refrescarme la memoria y aportarme datos sobre los casos pendientes en la justicia.

3 Respuestas a “Abandonados por la pretensión punitiva

  1. Cuando leo este artículo, no dejo de dar gracias (a Dios, en mi caso) por tener periodistas que con claridad, objetividad y «saber decir» escriban estas vivencias que para muchos de nos fueron vividas con mucho dolor y aún perduran. La cicatriz en el cuerpo se cierra, la marca queda. El dolor se calma, el cerebro sigue emitiendo señales de lo que pasó. Me preocupan tantos jóvenes que no tienen claro -todavía- las discusiones y vueltas de este tema. Los que hemos transitado el período, los que lo hemos vivido y muchas veces no hemos hablado, ni dado testimonio, sentimos culpa por no haber hablado, o hablar… historias que están en nuestro recuerdo y de las cuales fuimos protagonistas. Es un tiempo de reflexión, no de venganza. No existe rencor en mi corazón, tengo cicatrices que rememoran, las veo, están conmigo. Gracias por escribir Antonio, simplemente gracias.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s